Crecimiento del PIB: Chile puede más

Carlos Cruz

Definitivamente, el impulso al crecimiento que el nuevo gobierno se comprometió a dar a la economía quedó en el pasado. Si bien en 2018 esta creció un 4% -varios puntos porcentuales más que el año anterior-, también es cierto que las proyecciones para el 2019 han bajado, desde una tasa de crecimiento del PIB del 3,8%, al 3,0%.

Esta disminución, si bien no es tan dramática, podría claramente afectar las expectativas que los sectores medios y menos favorecidos han puesto en que una política pro crecimiento, como la que comprometió el gobierno del Presidente Piñera, les permitiría acceder a un nivel de bienestar equivalente al de países desarrollados. A este ritmo es poco probable que al 2030 Chile pueda calificar entre los países de mayor desarrollo relativo.

Para modificar esta tendencia, una alternativa es aumentar la inversión. Nuestra percepción, como CPI, es que no hay mejor estímulo a la inversión que un contexto institucional estable y debidamente concordado con las mayorías políticas necesarias, para proyectar el país al largo plazo. La fortaleza de las instituciones y de las normas que generan el contexto económico es fundamental para asegurar el crecimiento.

Sin embargo, creemos que además de los esfuerzos que puedan estar haciendo las autoridades por generar condiciones que estimulen la inversión privada, el gobierno debe cumplir una función de liderazgo inversor que hoy está muy lejos de ejercer. Si bien el ministro de Obras Públicas está haciendo un esfuerzo importante por mostrar una cartera de licitaciones en concesiones y de proyectos de inversión con recursos públicos de gran relevancia, esto no es suficiente para cambiar la tendencia de la inversión pública, señal inequívoca de la orientación que el gobierno pretende darle a la economía.

En efecto, para pasar de un nivel de inversión en infraestructura pública más cercana al 2% del PIB -como es en la actualidad- al nivel requerido para asegurar un crecimiento de largo plazo mayor al tendencial, se requiere una inversión que ronde el 3,5% del PIB. Para ello no basta con hacer lo que se está haciendo. Es necesario aumentar la cartera de proyectos de inversión en infraestructura que puedan ser realizados a la mayor brevedad posible y lograr una rápida ejecución de los mismos. Existen recursos en el sector privado disponibles para materializar esas inversiones y un sector empresarial capacitado para llevar a cabo la tarea.

La inversión en infraestructura tiene un efecto inmediato, al ser muy demandante de mano de obra. Su efecto multiplicador puede tener impactos relativamente rápidos en la tasa de crecimiento del país. A su vez, la inversión en infraestructura productiva puede generar aumentos de productividad, que tanto de menos se echan en estos tiempos. Por ejemplo, introducir mejoras en la cadena logística que permitan que el costo de este factor en nuestras exportaciones -que hoy representa un 18% del costo de los productos exportados- se asimile cada vez más al de los países de la OCDE, donde alcanza a un 9%, debiera ser un aporte significativo.

Nadie más que el gobierno puede convocar para que esto tenga lugar. Nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto con las autoridades para resolver las dificultades que impiden que este proceso se lleve a cabo en forma automática.